UNA REALIDAD QUE CLAMA SILENCIOSAMENTE
Pepe Rodado. Llevo más de dos meses sin trabajar debido a la Covid-19. El lugar donde trabajo es una residencia de jóvenes deportistas ligada a un instituto. No podremos volver al trabajo hasta que abran los institutos. Mientras, me planteé como podía echar una mano ante tantas necesidades como iban apareciendo. Después de ofrecerme a Cáritas, me propusieron participar en un punto de distribución de alimentos atendiendo a familias que, por primera vez, se acercaban a Cáritas debido a la pérdida del trabajo o al paro de los trabajos (con un ERTE) por el coronavirus. Llevo más de un mes colaborando en esta tarea. ¿Qué he observado desde este lugar en estas semanas?
Un 70% de las familias son inmigrantes “sin papeles”. En situaciones muy diversas en algunos aspectos, no así en el resultado final de necesidad máxima. Me explico. Muchos de ellos no llevan mucho tiempo en nuestro país: entre unos meses y menos de dos años. Hay otros que llevan tres o más años y todavía no tienen papeles. Algunos los habían presentado y la paralización administrativa los ha dejado congelados. Otros están a la espera de conseguir un contrato laboral de un año a jornada completa para poder presentarlos. Esta es una de las exigencias absolutamente injustas de la Ley de extranjería que impide a muchas personas, a pesar del arraigo en el país, poder regularizar su situación en España y acceder a un mercado de trabajo regular, primer paso para poder adquirir la ciudadanía con los derechos correspondientes.
De este grupo, lógicamente, los que trabajaban lo hacían sin contrato y la pandemia les ha quitado la fuente de ingresos para ir tirando en el día a día, ya que los trabajos que hacían han quedado parados: trabajos de cuidado, de limpieza, en la construcción, etc.
Otro grupo importante es el de las personas que trabajaban legalmente, pero la empresa ha hecho un ERTE. Muchas de ellas lo hacían en el mundo de la hostelería y la restauración. ¡Resulta que casi nadie, a mediados de mayo, ha cobrado nada todavía! Aunque el ERTE era de mediados de marzo. Solo algunos han cobrado el mes de marzo. Por lo tanto, llevan un mes y medio sin entradas. La angustia por no poder hacer frente a la alimentación, el pago de los suministros, de los alquileres de los pisos o habitaciones, etc., es notable. En esta situación hay personas de origen inmigrante con permiso de residencia y trabajo y también personas del país. Según datos de CCOO, a día de hoy hay 15.000 trabajadores y trabajadoras que no han cobrado el ERTE, y en esta cifra sólo constan los de medianas o grandes empresas, no los de las pequeñas, como es el caso de los que han venido al punto de distribución de alimentos donde colaboro.
Un grupo menor, pero que me ha llamado la atención, es el de personas que estaban en nuestro país de turismo y les ha cogido la situación de alarma proclamada por los gobiernos respectivos donde se han prohibido o reducido al mínimo los vuelos. No han podido volver a sus países y han consumido todos los recursos de que disponían. Los consulados y la embajada les han dejado colgados. Los de este grupo son principalmente de Sudamérica.
Algunos casos más concretos. El de una madre con dos hijos adolescentes que llevan seis meses en nuestro país. Aún no han conseguido empadronarse por las trabas burocráticas, a las que se ha añadido la no atención en las oficinas presencialmente, y los medios telemáticos están colapsados. Resultado: los dos muchachos no han podido escolarizarse y pierden todo el curso. Además de no tener acceso a los derechos básicos que otorga el empadronamiento.
Una mujer joven que trabajaba en una tienda estaba de baja maternal cuando entró en vigor el paro por el estado de alarma. La pequeña empresa optó por acogerse a un ERTE…, ¡pero se olvidaron de ella y no la incluyeron! Un “olvido” que la ha dejado a ella y a sus dos hijos en el límite, en una habitación de alquiler de la que la amenazan de echar si no paga…
O el de varias personas con formación en educación y sanidad que se enfrentan a una casi misión imposible cuando intentan convalidar sus estudios. Precisamente profesionales que podrían tener posibilidades de trabajo ante la necesidad que tenemos en estos ámbitos.
O el de un par de personas que les han rescindido el contrato de obra y servicio por la situación del coronavirus, siendo su única fuente de ingresos.
Esta es la fotografía desde la atención directa a 120 familias. Es una fotografía fiel de una realidad laboral y social mucho más amplia. Como la punta de un iceberg. Ella nos habla, a condición de que queramos verla y escucharla. Es fundamental verla y escucharla en tanto que personas, como trabajadores y trabajadoras con las que podemos identificarnos. Pero más importante aún es que sean vistas y escuchadas por los responsables políticos, para que puedan dar una respuesta decente a estas personas. La mayoría de ellas expresan que solo quieren vivir de su trabajo y viven con cierta vergüenza el tener que pedir ayuda… Por eso esta semana, cuando han vuelto por segunda vez a recoger los alimentos, he descubierto una lucecita de esperanza en los ojos y la voz de un grupo de ellos, porque han empezado a hacer algunas horas, los han llamado del trabajo diciendo que a finales de mes o principios de junio reanudarán el trabajo y cuentan con ellos.
Una vez más constatamos que el trabajo es mucho más que un puro medio para obtener recursos materiales para subsistir. Es una acción que expresa la dignidad y la autonomía personal y otorga un lugar social. ¿Lo tendrá en cuenta la “nueva normalidad”? ¿O ésta sólo significa seguir con las mismas condiciones laborales, pero con mascarilla y distancia física? (¡Me niego a aceptar el concepto de distancia social, que es terrible y bien significativo!).
Las situaciones referidas, reales e hirientes, son una denuncia viva de unas condiciones de vida laborales y sociales que son inadmisibles y que habrá que modificar a favor de las personas si queremos ser una sociedad decente. Solo esta acción será digna de llamarse acción política. Por este motivo preferimos hacer nuestra la expresión de Guy Ryder, director general de la OIT, que afirma que más que una nueva normalidad lo que hay que hacer es entrar en una normalidad mejor para todos.
UNA REALITAT QUE CLAMA SILENCIOSAMENT
Pepe Rodado. Porto més de dos mesos sense treballar a causa de la COVID-19. El lloc on treballo és una residencia de joves esportistes lligada a un institut. No podrem tornar a la feina fins que no obrin els instituts. Mentrestant em vaig plantejar com podia donar un cop de mà davant de tantes necessitats com anaven apareixent. Després d’oferir-me a Càritas, em van proposar de participar en un punt de distribució d’aliments, tot atenent a famílies que, per primer cop s’acostaven a Càritas, a causa de la pèrdua de feines o d’aturada de les feines (amb un ERTO) pel coronavirus. Porto més d’un mes col·laborant en aquesta tasca. Què he observat des d’aquest lloc en aquestes setmanes?
Un 70% de les famílies son immigrants “sense papers”. En situacions ben diverses en alguns aspectes, no així en el resultat final de necessitat màxima. M’explico. Molts d’ells no porten gaire temps al nostre país: entre uns mesos i menys de dos anys. N’hi ha d’altres que porten tres o més anys i encara no tenen papers. Alguns els havien presentat i la paralització administrativa els ha deixat congelats. Altres però estan a l’espera d’aconseguir un contracte laboral d’un any a jornada complerta per poder presentar-los. Aquesta és una de les exigències absolutament injustes de la Llei d’estrangeria que impedeix a moltes persones, malgrat l’arrelament al país, poder regularitzar la seva situació a Espanya i accedir a un mercat de treball regular, primer pas per poder adquirir la ciutadania amb els drets corresponents.
D’aquest grup lògicament els que treballaven ho feien sense contracte i la pandèmia els ha tret la font d’ingressos per anar tirant endavant el dia a dia, ja que les feines que feien han quedat aturades: feines de cura, de neteja, a la construcció, etc.
Un altre grup important és el de les persones que treballaven legalment però l’empresa ha fet un ERTO. Moltes d’elles ho feien en el món de l’hoteleria i la restauració. Resulta que gairebé ningú, a mitjans de maig, no ha cobrat res encara! Tot i que l’ERTO era de mitjans de març. Només alguns han cobrat el mes de març. Per tant, porten un mes i mig sense entrades. L’angoixa per no poder fer front a l’alimentació, el pagament dels subministraments, dels lloguers dels pisos o habitacions, etc., és notable. En aquesta situació hi ha persones d’origen immigrant amb permís de residència i treball i també persones del país. Segons dades de CCOO, a dia d’avui hi ha 15.000 treballadors i treballadores que no han cobrat l’ERTO, i en aquesta xifra només consten els de mitjanes o grans empreses, no els de les petites, com és el cas dels que han vingut al punt de distribució d’aliments on col·laboro.
Un grup menor, però que m’ha cridat l’atenció, és el de persones que estaven a casa nostra de turisme i els ha agafat la situació d’alarma proclamada pels governs respectius, on s’han prohibit o reduït al mínim els vols. No han pogut tornar als seus països i han consumit tots els recursos de que disposaven. Els consolats i l’ambaixada els han deixat penjats. Els d’aquest grup son principalment d’Amèrica del Sud.
Alguns casos més concrets. El d’una mare amb dos fills adolescents que porten sis mesos al nostre país. Encara no han aconseguit empadronar-se per les traves burocràtiques, a les quals s’ha afegit la no-atenció en les oficines presencialment i els mitjans telemàtics estan col·lapsats. Resultat: els dos nois no han pogut escolaritzar-se i perden tot el curs. A més de no tenir accés als drets bàsics que atorga l’empadronament.
Una dona jove que treballava en una botiga estava de baixa maternal quan va entrar en vigor l’aturada per l’estat d’alarma. La petita empresa va acollir-se a un ERTO… però es van oblidar d’ella i no la van incloure! Un “oblit” que l’ha deixada a ella i els seus dos fills al límit, en una habitació de lloguer de la qual l’amenacen de treure si no paga…
O el de diverses persones amb formació en educació i sanitat que s’enfronten a una quasi missió impossible quan intenten convalidar els seus estudis. Precisament professionals que podrien tenir possibilitats de feina davant la necessitat que tenim en aquests àmbits.
O el d’un parell de persones que els han rescindit el contracte d’obra i servei per la situació del coronavirus, essent la seva única font d’ingressos.
Aquesta és la fotografia des de l’atenció directa a 120 famílies. És una fotografia fidel d’una realitat laboral i social molt més amplia. Com la punta d’un iceberg. Ella ens parla, a condició que vulguem veure-la i escoltar-la. És fonamental veure-la i escoltar-la en tant que persones, com a treballadors i treballadores amb els quals podem identificar-nos. Però més important encara és que siguin vistes i escoltades pels responsables polítics, perquè puguin donar una resposta decent a aquestes persones. La majoria d’elles expressen que només volen viure del seu treball i viuen amb certa vergonya haver de demanar ajuda… Per això, aquesta setmana, quan han tornat per segon cop a recollir els aliments, he descobert una llumeta d’esperança en els ulls i la veu d’un grup d’ells, perquè han començat a fer algunes hores, els han trucat de la feina dient que a finals de mes o principis de juny reprendran la feina i compten amb ells.
Una vegada més constatem que la feina és molt més que un pur mitjà per obtenir recursos materials per subsistir. És una acció que expressa la dignitat i l’autonomia personal i atorga un lloc social. Ho tindrà en compte la “nova normalitat”? O aquesta només voldrà dir seguir amb les mateixes condicions laborals però amb mascareta i distància física? (Em nego a acceptar el concepte de distància social que és terrible i ben significatiu!)
Les situacions referides, reals i feridores, són una denúncia viva d’unes condicions de vida laborals i socials que són inadmissibles. I que caldrà modificar a favor de les persones si volem ser una societat decent. Només aquesta acció serà digna de dir-se acció política. Per aquest motiu preferim fer nostra l’expressió de Guy Ryder, director general de la OIT, que afirma que més que una nova normalitat el que cal és entrar en una normalitat millor per a tothom.
Font: Cristianisme i Justícia
