Las
reacciones y comentarios a la ya conocida como “vergüenza de Lampedusa”
han sido numerosas y variados, pero casi todos se centran en el debate
sobre las políticas de inmigración de las naciones europeas o los
controles de entrada de subsaharianos que estas establecen. Otros tratan
de imaginar la desesperación a la que se ven sometidos quienes deciden a
abandonar su país, arriesgando su vida, por pura necesidad.
Sin
embargo, pocos analistas se preguntan sobre las razones que impulsan a
los inmigrantes a dejar sus tierras y sobre la pasividad de los
gobiernos, a ambos lados del Mediterráneo, frente a la pobreza generalizada, causa principal del éxodo
africano.
Quizá debiéramos más bien preguntarnos si no se
podría hacer algo más para evitar que tantos sureños se vean impelidos a
huir del infierno en que viven. Quizá sería bueno recordarnos que
acabar con la situación de miseria en la que viven, y con el hambre que
padecen 842 millones de personas en el mundo (uno de cada 8 habitantes o
223 millones de subsaharianos, la cuarta parte de la población), está
al alcance de nuestras manos. Una inversión en apoyo a las explotaciones
agrícolas familiares no supondría un esfuerzo oneroso para los recursos
del mundo y, sin embargo, tendría un efecto vertiginoso en la
desaparición del hambre en el mundo.
Ya en 2008, la FAO, por boca de su entonces director general, Jacques Diouf,
afirmaba
que sólo se necesitarían 30.000 millones de dólares
anuales para erradicar la amenaza del hambre, mientras que la cifra de
alimentos desperdiciados en 2006 ascendía a 100.000 millones de dólares.
Muchos
comentaristas celebran la reducción de la tasa de desnutrición en los
países en desarrollo, que ha bajado desde 1990 del 23.6% al 14.3%
actual. Y esa disminución significa, para los más optimistas, que se
puede lograr alcanzar el primer objetivo de desarrollo del milenio
(ODM), establecido en 2001, y que pretende reducir a la mitad, para
2015, la proporción de desnutridos que existían en estos países en
1990.
Sin embargo, hay que decir también, que el objetivo
inicial de la Conferencia Mundial de la Alimentación (CMA), celebrada en
1996, consistía en reducir a la mitad, en 2015, el número de
hambrientos. Cifra que en ese año era de 995 millones de personas y que
en la actualidad alcanza a 842 millones. Por tanto, este objetivo se
presenta hoy difícil de conseguir
a poco más de un año vista, si no se lleva a cabo una apuesta firme por
la inversión en el sector primario y en la asistencia alimentaria.
Si
observamos las cifras de África Subsahariana, la tasa de desnutrición
se ha visto reducida del 32.7% al 24.8%, desde 1990 hasta la actualidad,
con lo cual el ODM está lejos de ser alcanzado. Peor aún, si nos
fijamos en la cifra absoluta de desnutridos, en 1990 el número de
personas con hambre era de 173.1 millones y ahora son 222.7 millones.
Las esperanzas de lograr en África los objetivos de la CMA se ven pues
muy menguadas. Así,
el último informe de la FAO habla
de discrepancias regionales en la lucha contra el hambre. A pesar de
que la producción de alimentos aumenta por encima del crecimiento
demográfico, no somos capaces de mejorar la accesibilidad a los
primeros por
parte de los sectores más vulnerables de la población.
Una
inversión anual en agricultura de unos 50.000 millones de euros, similar
al coste del rescate a la banca española (algo insignificante para las
arcas mundiales), permitiría el desarrollo de poblaciones que no se
verían empujadas a abandonar tan desesperadamente sus tierras. En vez de
elevar los muros de contención en las costas del Mediterráneo, algo que
nunca acabará con las ansias de escapar del infierno en el que viven
millones de africanos, ¿no sería más eficaz un desarrollo sostenible del
sector primario y un apoyo a una alimentación mínimamente digna para
los más necesitados que les permitieran desarrollarse como personas?
Rafael Armada
