En tiempo de Adviento, Día Internacional de los Derechos Humanos,
la Iglesia de la diócesis de Tánger, con la fuerza de la fe, la
esperanza y el amor de sus hijos, pide que esos derechos, que han sido
reconocidos como universales y que han de ser respetados con todos, «sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición», sean respetados de
modo escrupuloso y discriminatoriamente positivo con quienes, por
hallarse en situación de mayor vulnerabilidad, necesitan mayor
protección.
Esta comunidad eclesial es testigo asombrado y apenado de que, en
las fronteras del sur de Europa, son vulnerados no pocos de los
artículos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Nadie puede considerar respetuoso con la dignidad de las personas y con
«su derecho a salir de cualquier país, incluido el propio», el que, en
veinte años, las fronteras se hayan cobrado la vida de más de 20.000
jóvenes.
Las medidas adoptadas hasta ahora por los Gobiernos de los países
europeos para el control de las fronteras del sur, han sido y son un
fracaso político y humano, pues dejan a los emigrantes en una situación
de abandono, y transforman en sarcasmo sus proclamados derechos «a la
vida, a la libertad y a la seguridad».
Desde la fe, con esperanza, y por la caridad que nos une a quienes
padecen las consecuencias inhumanas de esas medidas, como Iglesia:
Denunciamos el sistema Europeo de vigilancia de fronteras, Eurosur, cuyo objetivo principal
es «prevenir la inmigración irregular, el crimen transfronterizo y las
muertes en el mar», o, como han expresado otros: «mejorar la detección,
prevención y lucha contra la inmigración irregular y la delincuencia
organizada».
Lo denunciamos porque asocia inmigración y crimen, inmigración y
delincuencia, lo que evidencia un inaceptable juicio negativo sobre los
emigrantes y favorece el desarrollo de sentimientos xenófobos en la
sociedad. Prevé la colaboración de las autoridades nacionales en un
intercambio de información que puede lesionar los derechos de los
emigrantes a la protección de sus datos personales. Privilegia objetivos
de control y represión, que harán fácil y legítima la violación de los
derechos de los emigrantes, incluido el derecho a la vida. Evidencia de
esto son los 3.530 millones de euros que «los países miembros de la
Unión Europea van a recibir, entre 2014 y 2020, para reforzar sus
fronteras exteriores». Es escandaloso que las fronteras y su seguridad
sean más importantes que las personas y sus derechos.
Denunciamos el doble lenguaje de quienes deciden las políticas de
fronteras. Puestos ellos también, después de Lampedusa y sus muertos,
ante la evidencia de centenares de víctimas de la miseria humana y de
leyes que la agravan, se apresuraron a manifestar sentimientos de pesar y
voluntad de evitar en el futuro tragedias semejantes, voluntad que se
ha concretado en la creación del sistema Eurosur. Es decir, que
a la necesidad y esperanzas de los emigrantes, se responde una vez más
con medidas sobre todo represivas, que los empujarán a asumir en sus
caminos cada vez mayores riesgos, incluido el riesgo siempre más alto de
perder la vida.
Denunciamos la presencia de concertinas con cuchillas en las
vallas de Ceuta y Melilla. Estos elementos de control de fronteras
representan un atentado a la integridad física de los emigrantes: esas
cuchillas cortan, lesionan, mutilan, y no son coherentes con el deber
que todos tenemos de respetar los derechos de hombres, mujeres y niños
de África en su camino hacia los países de Europa.
Denunciamos la obsesión por la seguridad de unos a costa de la
salud de otros, puede que a costa de sus vidas. Se entiende que un
Gobierno ha de garantizar con medios apropiados la seguridad de los
ciudadanos en el territorio de la nación. Pero esos medios dejan de ser
apropiados, su legitimidad se desvanece, cuando usarlos significa privar
a otros del derecho fundamental a la salud, al bienestar, a la
alimentación, al vestido, a la vivienda, a la asistencia médica, a los
servicios sociales necesarios. Las condiciones de vida en los países de
origen y las leyes de protección de fronteras en Europa empujan a
hombres, mujeres y niños de África a un infierno interminable de soledad
y clandestinidad por los caminos de la emigración. Denunciamos que se
oculten sus sufrimientos; denunciamos que, bajo pretexto de seguridad,
se destinen cantidades ingentes de dinero a multiplicar esos
sufrimientos, a hacer más difícil la situación de esa humanidad
extenuada, a hacer que esos empobrecidos sean más prójimos de la muerte
que de nosotros; denunciamos que a los emigrantes, a quienes nosotros
mismos hemos hecho irregulares, se les obligue a la marginalidad en los
países de tránsito, se les persiga como delincuentes, y se les empuje a
la muerte.
Denunciamos la supeditación de las personas a intereses
económicos. A nadie se le oculta que el criterio principal, por no decir
único, para regular la entrada de emigrantes en un país, es el del
beneficio económico que le pueden reportar. Esa supeditación de lo
humano a lo económico deja sin protección derechos fundamentales de las
personas, como son: el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad;
el derecho a que nadie se vea sometido a esclavitud; el derecho a que
nadie sea víctima de trata; el derecho a que nadie sea tratado de forma
cruel, inhumana o degradante. Y denunciamos que, por intereses
económicos, esos derechos universales sean derechos no vigentes en los
caminos de los emigrantes.
Ni las medidas adoptadas hasta ahora por las autoridades europeas y
españolas para el control de fronteras, ni otras más costosas que se
puedan adoptar, impedirán que a esas fronteras sigan llegando pobres en
busca de futuro: No hay cuchillas que frenen el ansia de vivir, no hay
cuchillas que puedan intimidar más que el hambre y la miseria, nada
pueden perder quienes nada tienen. De ello son testimonio hombres,
mujeres y niños que entre nosotros, a los ojos de este Iglesia que
peregrina en Marruecos, esperan una oportunidad. Gastar dinero en
destruir esperanzas es la peor de las inversiones.
Pero no se trata sólo de una mala inversión, es también una
terrible irresponsabilidad, pues en las fronteras se multiplican
sufrimientos y muertes. «¿Quien es el responsable de la sangre de estos
hermanos y hermanas? Ninguno. Todos respondemos: yo no he sido, yo no
tengo nada que ver, serán otros, pero yo no. Hoy nadie se siente
responsable de éstos, hemos perdido el sentido de la responsabilidad
fraterna, hemos caído en el comportamiento hipócrita» (Palabras del Papa
Francisco en Lampedusa).
Por sentido de responsabilidad, por amor a la justicia, por
respeto a nuestros hermanos emigrantes, pedimos a quienes tienen
autoridad para hacerlo, que, en el ejercicio de esa autoridad, dispongan
la retirada inmediata de las concertinas instaladas en las vallas de
Ceuta y Melilla, por tratarse de instrumentos que violan derechos
fundamentales de las personas y en nada favorecen el deseado desarrollo
moral, cultural y económico de la sociedad española y de la Unión
Europea. Las cuchillas sólo causan dolor y muerte.
Fr. Santiago Agrelo. Arzobispo de Tánger
