dimarts, 22 de maig del 2012

Impostos en època de crisi


No pagan el Hotel Palace o el Palacio de Liria

El IBI de la Iglesia en Madrid no llega al 5% del total de todos los que están exentos

Juan Ignacio Gorospe, professor titular de Dret Financer i Tributari de la Universitat CEU San Pablo, propone suprimir la exención de la lotería en el IRPF

21 de mayo de 2012


Madrid podría recaudar 109 millones de euros si se suprimiera la exención, de los que sólo 5 millones procederían de la Iglesia
(CEU).- En los últimos días se ha planteado por algunos Ayuntamientos la supresión de la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia católica. El Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo, Juan Ignacio Gorospe Oviedo, ha explicado el origen de esta excepción, a qué otras entidades afecta y ha propuesto alternativas a esta iniciativa.
Así, recuerda que dicha exención se aprobó por el Acuerdo de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, pero que en 1992 se amplió a otras confesiones religiosas de España mediante sucesivos acuerdos de cooperación: Entidades Religiosas Evangélicas, Comunidades Israelitas y Comisión Islámica.
Posteriormente, la Ley 49/2002, de incentivos fiscales al mecenazgo, estableció unos supuestos de exención aplicables a todas las entidades sin fines lucrativos si cumplen los requisitos de la Ley, incluidas las citadas confesiones religiosas. Además, la Ley de Haciendas Locales de 2004  prevé la exención del IBI, entre otros, para entidades públicas, embajadas y sedes diplomáticas, bienes declarados de interés cultural y colegios concertados.
Por tanto, explica el profesor Gorospe, la exención no se aplica solo a la Iglesia católica, afecta también a otras religiones (evangélica, judía, islámica) y a otros edificios de los que son titulares entidades sin fines lucrativos. Así aclara que en Madrid están exentos el Hotel Palace, el Palacio de Liria, el Palacio de la SGAE, las Embajadas...
Concretamente, el profesor señala que Madrid podría recaudar 109 millones de euros si se suprimiera la exención, de los cuales los edificios públicos suponen más de 60 millones, los edificios del patrimonio histórico 30 millones, las embajadas tres millones y los templos y sedes religiosas algo menos de cinco millones. Como puede observarse, la mayor pérdida de recaudación no corresponde a las confesiones religiosas, entre las que se encuentra la Iglesia católica.
Ante la pregunta de cuál es la justificación de la exención en el caso de la Iglesia, el profesor señala el artículo 16 de la Constitución establece la libertad religiosa y de culto. Una forma de promoverla es mediante beneficios fiscales, como la exención del IBI. Pero, el profesor Gorospe subraya que además la Iglesia presta un importante servicio a la sociedad predicando valores como la justicia y la solidaridad -también recogidos en la Constitución- y supliendo en muchos casos la ineficiencia del mercado y de la actuación del Estado.
La labor litúrgica (eucaristías, bautizos, comuniones, confirmaciones, bodas), pastoral (catequesis, misiones), y asistencial (hospitales, casas de ancianos, enfermos crónicos y minusválidos, orfanatos, guarderías, víctimas de violencia, ex reclusos, ex prostitutas, centros de asesoría jurídica, promoción del trabajo, asistencia a inmigrantes, rehabilitación de drogadictos) supone un beneficio muy importante para la sociedad.
A nivel tanto espiritual como material, pues supone un ahorro de costes para la Administración. Concretamente, la tarea educativa de la Iglesia, con cerca de un millón cuatrocientos mil alumnos, supone un ahorro al Estado de 4.399 millones de euros.
De otra parte, si bien es cierto que en tiempos de crisis puede plantearse el aumento de impuestos o supresión de exenciones, el profesor enumera una serie de puntos a tener en cuenta.
Primero habría que discriminar entre quienes reciben esas exenciones, atendiendo a su fundamento. Segundo, hay que considerar que la labor de la Iglesia en esta época se ha incrementado, al aumentar los supuestos de exclusión social y reducirse al mismo tiempo el dinero recibido por la Iglesia y otras entidades a través de la aportación voluntaria del IRPF -un caso excepcional en el que el contribuyente puede disponer del destino de sus impuestos-, al punto que la asistencia a la dependencia de los Ayuntamientos se está complementando por las parroquias y la actividad de Cáritas.
Tercero, habría que mirar bien las cuentas de los Ayuntamientos, reduciendo partidas de gasto que seguramente sean menos necesarias que la ayuda prestada por la Iglesia en sus respectivos ámbitos.
Cuarto, puestos a suprimir exenciones, podría suprimirse la exención de la lotería en el IRPF, que supondría una importante partida de ingresos en una época de crisis como la actual. Y quinto, los Ayuntamientos no tienen potestad para suprimir la exención por carecer de poder legislativo, para ello habría que cambiar la Ley de Haciendas Locales y legislación anexa citada.

Més retallades

 

La darrera retallada del Govern posa fi a les subvencions per a programes de prevenció de la reincidència en l’àmbit penitenciari

Barcelona | 21.05.2012
 
Si es fan efectives les darreres retallades anunciades pel Departament de Justícia, aquest any desapareixeran tots els programes de rehabilitació i reinserció en l’àmbit penitenciari que portaven a terme les entitats socials. Les entitats col·laboradores no rebran cap subvenció per a la continuïtat dels programes que es desenvolupen per afavorir els processos de inserció i tractament de persones privades de llibertat, la qual cosa vulnera la finalitat de rehabilitació que vertebra el sistema –recollit a la Constitució—isuposa el retorn a un model assistencialista.

Les 94 entitats que composen la Taula de Participació Social i la Comissió d’Àmbit Penitenciari d’ECAS alertem dels riscos que comporta destruir el teixit de suport a les persones generat al llarg dels darrers 30 anys. Considerem que l’Administració ens deixa sols davant d’una responsabilitat que també els pertoca, i recordem les reiterades advertències que hem fet en el sentit que calen més mesures alternatives a la presó i més programes de reinserció i rehabilitació per tal de garantir la cohesió social.

Les mesures penals alternatives (MPA) tenen menys cost que la reclusió en centres penitenciaris –entre un terç i la meitat, segons diferents càlculs— i redueixen en un 12% la reincidència (actualment del 40%), tal com van constatar els 300 professionals de l’execució penal reunits en la jornada de debat i reflexió ‘OBRINT PORTES’, organitzada per ECAS amb el suport del Departament de Justícia. La consellera Pilar Fernández i Bozal va afirmar en la inauguració que “tot el que es fa en benefici de l’individu redunda en la societat que el rebrà quan hagi complert la seva pena”.

Entre els programes afectats per la retallada que ara aplica el Govern s’hi compten els d’acollida residencial, atenció socioeducativa i mediació intercultural. L’estalvi serà mínim en relació al pressupost de la conselleria, ja que la partida de suport a les entitats suposa menys d’un 0,3% del total (890M€).
A més, també s'han tancat els programes d'accès a la universitat i formació universitària adreçats als reclusos.
(notícia redactada per ECAS-Agència de Comunicació Social)